La Provincia de Buenos Aires presentó un marco obligatorio para el uso de inteligencia artificial dentro del Estado. Más allá de la novedad institucional, esto marca un cambio de época: la IA deja de ser un tema de futuro para convertirse en un asunto jurídico con reglas, límites y responsabilidades.

Hasta ahora, Argentina no contaba con lineamientos específicos. Esta regulación no resuelve todas las dudas ,y tampoco puede hacerlo, pero instala algo definitivo: la necesidad de auditar, supervisar y entender técnicamente los sistemas automatizados que ya forman parte de la vida pública y privada.

El punto central no es la norma en sí, sino lo que revela: las tecnologías avanzan más rápido que las leyes, y cuando se intenta regular sin una base técnica completa surgen tensiones, vacíos y riesgos. Se empieza a hablar de transparencia algorítmica, protección de datos sensibles, sesgos y explicabilidad. Conceptos que hasta hace poco no existían en el derecho local.

Mientras tanto, profesionales, emprendedores y empresas ya usan IA todos los días sin claridad total sobre qué pueden hacer, qué deberían evitar y qué responsabilidad asumen. Esa brecha entre uso real y regulación incipiente es el mayor desafío.

Por eso esta noticia importa: anticipa hacia dónde va el derecho argentino y qué obligaciones podrían aparecer. La pregunta ya no es si la regulación llegará, sino cómo prepararnos desde cada profesión o modelo de negocio... La IA no reemplaza a las personas, pero transforma la forma de trabajar, decidir, vender y asesorar.

Quienes integren lo jurídico con lo tecnológico van a tener una ventaja enorme en los próximos años.

Este es el momento de actualizarse, observar con criterio y tomar decisiones estratégicas. Porque la tecnología avanza, la regulación empieza a ordenarla, y el desafío ,y la oportunidad, está en cómo elegimos posicionarnos frente a este nuevo escenario.